Este fin de semana hemos sabido que, de cara a las próximas elecciones generales, el PSOE propondrá el cierre de las centrales nucleares en 2028. Cuesta creerse las propuestas de los políticos a cuatro años vista, por lo que se hace difícil dar el mínimo crédito a quien asegura que tomará tal o cual decisión dentro de diecisiete años. Pero no quisiera poner en duda hoy la honestidad y sinceridad de los políticos, ni tampoco entrar en el debate energético. El tema de hoy es bien distinto, y tiene que ver más con los plazos y tiempos de la democracia. Es muy significativo que aparezcan medidas a tan largo plazo. No tanto por la desconfianza o el entusiasmo que puedan generar en el electorado cuanto por una cuestión bien distinta: es más que posible que algunas de las cuestiones de la política nacional requieran, efectivamente, medidas a largo plazo. Sin embargo, el propio sistema nos obliga a una miopía cortoplacista: como "vemos mal de lejos", somos incapaces de planificarnos en un periodo tan largo. ¿Es adecuada la democracia para este tipo de problemas o decisiones"
El problema no es, ni mucho menos, novedoso. Se habla de ello cada vez que está sobre la mesa cualquier decisión que puede tener una larga incidencia en el futuro de la sociedad. Así, se dice que la educación requiere un pacto de estado, lo que es tanto como decir que necesitamos una continuidad que supere los vaivenes electorales. Algo similar a lo que se viene escuchando desde hace meses sobre la política económica y ha cristalizado en la acelerada y no consultada reforma de la constitución. Y esto por no hablar de políticas estratégicas, como puede ser la energía o incluso el I+D: parte la miseria de nuestra investigación y ciencia depende directamente de una falta de previsión, y de estar al arbitrio del político de turno. Este caso es, por otro lado, paradigmático: pocos son los políticos capaces de valorar la I+D, ya que implica una inversión que dará sus frutos en el futuro, quizás cuando los gobernantes formen parte de la oposición. La consecuencia es sencilla: dependemos científica y tecnológicamente de otros países.
Votar cada cuatro años no necesariamente tiene por qué ajustarse a los tiempos de ciertas políticas, que han de planificarse con mucho más tiempo. Las palabras clave, anticipación y previsión, no encajan con un sistema que obliga a los grandes partidos a una lucha por el poder, y que impide que el gobierno, cualquiera que sea, tome decisiones que van a revelarse acertadas dentro de dos o tres décadas. No se trata sólo de inversiones económicas, sino también de votos y cuotas de poder. Desconozco si cerrar las nucleares en el 2028 es una política acertada o no. Lo que sí sé es que plazos tan largos provocan confusión en el electorado, más acostumbrado a pensar en cuánto va a sacar si vota a tal o cual partido. Si faltan ciudadanos con sentido de estado, es normal que se echen de menos también políticos con esta capacidad: pensar a medio y largo plazo al menos en los asuntos vitales. Teniéndose que batir el cobre cada cuatro años, no hay manera de vencer que no pase por el sacrificio del futuro en aras del presente. Lo que está claro es que el desajuste temporal del sistema democrático respecto a estos temas esenciales es uno de los problemas que habría que solucionar.
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