Boulesis. boulesis.com Filosofía, deliberación y pensamiento. Miguel Santa Olalla Tovar

Según el artículo 9 de la Declaración de los Derechos humanos:

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Se trata, sin duda, de un artículo delicado para cualquier sistema político. Lo que se juega de fondo, o al menos eso nos hacen creer, es la seguridad del país. Es este uno de los valores supremos de todos los estados: en su nombre se llegan a sacrificar otros y parece haberse convertido en una condición sin la cual no es posible la convivencia y la paz social. Durante los periodos excepcionales en los que la seguridad está en peligro nos volvemos hobbesianos y convertimos nuestra propia seguridad en lo primero a conservar. Cuando se juega con la baza del miedo, cualquier detención nos puede parecer legítima. ¿Hasta qué punto podemos entonces afirmar la validez de este artículo?

El caso paradigmático es el del 11 de septiembre. Las críticas que se desataron contra el gobierno estadounidense por la cantidad de detenciones sin justificar abundaron tanto en EEUU como en Europa. Una vez más, los derechos humanos habían quedado reducidos a papel mojado: se estaban violando derechos fundamentales. Crítica no exenta de doble moral: cuando hubo que “realojar” a aquellos cuyos derechos habían sido pisoteados, nadie estaba dispuesto a abrir sus fronteras. No sea que se vaya a cumplir aquello de “cuando el río suena, agua lleva”. Y es que este artículo está alojado en arenas movedizas: ¿Sería posible detener a un criminal antes de que cometa el crimen? ¿Acaso no sería esto una “detención arbitraria”? ¿Cómo garantizar entonces la seguridad nacional? Y la pregunta que termina de complicarlo todo: ¿Cómo compatibilizar los derechos individuales con la seguridad de todos? ¿Qué garantías quedan para el sujeto?

El artículo 9 de la declaración pone el dedo en la llaga sobre uno de los problemas de la democracia: protege los derechos de todos, incluso de aquellos que están dispuestos a atentar contra el sistema, con la pretensión incluso de acabar con el mismo. Por otro lado, si el artículo se anula y pierde su legitimidad, todos quedaríamos expuestos a la arbitraria voluntad del poder político que podría detener a todos aquellos que, sencillamente, resultan molestos por pensar distinto. Las escaramuzas recientes entre partidos han puesto de relieve que las fuerzas de seguridad del estado pueden ser instrumentalizadas en favor del partido que ocupa el poder. Qué es y qué no es una detención “arbitraria”. Difícil cuestión para un artículo de los derechos humanos que no resulta nada fácil de interpretar ni de cumplir en la realidad. Es suficiente con levantar la vista a los últimos años, para encontrar múltiples ejemplos que harían temblar lo que no es más que una declaración de intenciones que se ve negada por la realidad más veces de las que debiera.