Vivimos tiempos de grandes reformas políticas y ebullición legislativa. No son pocas las decisiones del gobierno que están generando una fuerte polémica, tanto en el parlamento como en la calle. Un repaso muy general nos puede llevar a hablar de leyes como la reforma laboral o la nueva ley educativa. Cada gobierno pasa realizando su propia aportación a lo que ellos consideran su modelo de país. Esto tiene un doble efecto que es auténticamente interesate en política: las leyes que no lo serán frente a aquellas que pasarán a formar parte de la vida cotidiana de los ciudadanos. Dos fenómenos bien distintos de los que todo partido político que ocupe los puestos de poder debería aprender una lección importante: un buen gobierno es aquel que aprueba leyes con vocación de permanencia. En este sentido, se podría decir que la tarea de todo gobierno es aprobar hoy las leyes del mañana. Y como todo esto puede sonar un tanto críptico, vamos a intentar explicarlo un poco mejor.
Hay leyes que son flor de un día. Auténticos abortos legislativos, que nacen ya muertos debido a la falta de respaldo político y poruncipalmente social. Son esas leyes que buena parte de la sociedad percibe como provisionales. Se aprueban y entran en vigor, pero muchos de los afectados son conscientes de su fragilidad. Dos ejemplos educativos: cuando se aprobó la polémica asignatura de ciudadanía fuimos unos cuantos los que anticipamos su corto recorrido. Estemos o no de acuerdo con ella, la reacción social contra la misma y las dudas que generó dentro y fuera del sctor educativo hacían prever que en cuanto hubiera un cambio de gobierno desaparecería. Algo parecido ocurrirá, a buen seguro, con esta nuevareforma educativa que está promoviendo (o más bien imponiendo) el gobierno actual. Ignoran la naturaleza de la democracia si esperan que vaya a consolidarse y mantenerse en el tiempo. La alternancia política es un principio incontestable y la LOMCE, tal y como está planteada, durará mientras se mantenga el partido que la promueve. Algo que en el fondo es estúpido: aprobar una ley con tanta confrontación social que incluso sus valedores son conscientes del escaso tiempo en que cinfigurará la realidad educativa española.
Un buen político y un buen gobierno deberían aspirar a aprobar leyes más estructurales y menos coyunturales. Y el caso es que todos los gobiernos que hemos tenido en nuestra aún corta experiencia democrática han aprobado leyes que después se han mantenido y que la sociedad asume de una forma tácita como componentes esnciales de su vida diaria. En su día pudieron causar revuelta y oposición medidas como la del divorcio, la ley del matrimonio homosexual, las leyes de estabilidad y control del gasto público, la ley de dependencia, o las leyes que promueven la trasparencia en la administración. Se trata, sin embargo, de decisiones políticas que los partidos que han llegado después no han modificado sustancialmente. Es verdad que la implantación de algunas de ellas es hoy más que dudosa, pero no cabe duda de que estas leyes y algunas otras son marcos que contribuyen a crear una sociedad mejor. Y precisamente porque es así, porque en su día han anticipado la sociedad del futuro, son leyes que terminan dotando de una identidad al país que las aprueba. Y esta debería ser la tarea de todo gobierno: tratar de perfilar, al margen de las escaramuzas parlamentarias insuperables, cómo va a ser la sociedad del mañana, sin aprobar leyes de una forma voluntarista, estrategia que sólo puede producir como efecto su derogación inmediata al producirse en cambio de gobierno.
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