Boulesis. boulesis.com Filosofía, deliberación y pensamiento. Miguel Santa Olalla Tovar

El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma lo siguiente:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación

Todos damos por hecho que estos dos derechos son irrenunciables: a nadie se le puede perseguir por reunirse o asociarse con fines pacíficos. Y a la vicecontra: no es de recibo obligar a nadie a pertenecer a una asociación determinada, rasgo que nos recuerda irremediablemente a sistemas políticos muy distintos de la democracia, en los que la pertenencia al partido único es poco menos que obligatoria.

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El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.”

Nos encontramos ante un artículo polémico, que bien podría dejar insatisfechos a muchos. Estamos más que habituados a pensar que las sociedades occidentales cumplen con los derechos humanos, mirando siempre a países lejanos cuando hablamos de quienes los ignoran sistemáticamente. Frente a esta actitud, algo acrítica y quizás etnocéntrica, este artículo apunta a una libertad cuya realización en la sociedad democrática en que vivimos no contenta a nadie. Reconociendo la libertad de conciencia, la declaración está aludiendo de manera indirecta a la tolerancia y la convivencia entre distintos credos, y la experiencia demuestra que esto resulta más complicado de lo que pensamos.

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El artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma:

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

El artículo reconoce el derecho al asilo político, algo que en la realidad suele despertar una controversia muy notable. Las posiciones de cada cual suelen variar en función de quién sea el perseguido, quién el perseguidor y cuál sea el motivo de la persecución. Por si esto fuera poco, el derecho reconocido en este artículo suele entrometerse en procesos tan delicados como las extradiciones.

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El artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma lo que aparece a continuación:

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

El artículo es una continuación del anterior, en el que se aseguraba el derecho a ser oído públicamente. Añade sin embargo un matiz esencial: no es sólo que tengamos derecho a ser escuchados, sino incluo a la presunción de inocencia. Algo que va mucho más allá de una cuestión jurídica y afecta casi a la moral misma: todo ser humano es inocente de partida, y habrá que demostrar la culpabilidad.

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Según el artículo 9 de la Declaración de los Derechos humanos:

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Se trata, sin duda, de un artículo delicado para cualquier sistema político. Lo que se juega de fondo, o al menos eso nos hacen creer, es la seguridad del país. Es este uno de los valores supremos de todos los estados: en su nombre se llegan a sacrificar otros y parece haberse convertido en una condición sin la cual no es posible la convivencia y la paz social. Durante los periodos excepcionales en los que la seguridad está en peligro nos volvemos hobbesianos y convertimos nuestra propia seguridad en lo primero a conservar. Cuando se juega con la baza del miedo, cualquier detención nos puede parecer legítima. ¿Hasta qué punto podemos entonces afirmar la validez de este artículo?

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El artículo 8 de los derechos humanos afirma lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

El recurso ante la justicia se nos presenta como una garantía de imparcialiada. El sistema judicial puede fallar una vez, e incluso dos. Pero es muy difícil que falle siempre. De esta manera, el recurso ante cualquier decisión judicial nos asegura lograr, antes o después, una resolución justa. En el mejor de los mundos posibles al que apuntan los derechos humanos no cabría el abuso de poder y la imparcialidad, neutralidad y objetividad deberían llevarnos a confiar en que la justicia sea real, y los posibles errores sean subsanados si algunas de las partes no está de acuerdo con la decisión adoptada por el tribunal.

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Por lo visto, tal y como nos cuenta el artículo 7 de la Declaración de Derechos Humanos:

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Esta igualdad formal y jurídica es una de las bases del sistema democrático. No es posible que haya pueblo, que haya demos, si las leyes son de una manera para unos y de otra para otros, si la desigualdades reales saltan también al terreno jurídico, y la riqueza, el honor, la fama o las posesiones pueden ser coartada que justifique el privilegio y el trato diferenciado. Sabemos que la igualdad no existe: la desigualdad está ya escrita en nuestra propia naturaleza. Pero ello no quiere decir que estemos dispuestos a que las diferencias (biológicas, físicas, históricas, sociales, económicas, culturales) se cuelen a esferas en las que no tienen ningún papel que jugar. O al menos eso dice la teoría y así lo consagra la Declaración de los derechos humanos.

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Se proclama en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos humanos:

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”

Cuando se discute este artículo en el aula, suelen aparecer ciertos problemas debido al concepto de personalidad jurídica. Bastante suele costar a ciertas edades adivinar qué es eso de la personalidad, como para añadirle el adjetivo “jurídica”. Sin embargo, empiezan a entender mejor el artículo cuando se comprenden a sí mismos como sujetos de derechos y obligaciones (aunque no suelen prestar mucha atención a este último sustantivo): en el momento en el que alguno de nuestros derechos se anula se está produciendo un ataque a nuestra personalidad jurídica. Y si no se nos permite reclamar por ello, la agresión es doble. La otra cara de la moneda suele resultar un tanto molesta: este mismo artículo nos obliga a reconocer la personalidad jurídica de todos los seres humanos, que gozan por tanto de los mismos derechos que cada uno de nosotros.

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Podemos leer en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”

Si confrontamos el contenido del artículo con los últimos años, comprobamos de inmediato que dista mucho de cumplirse. La crítica habitual mira hacia Guatánamo o cárceles como la de Abu Ghraib. Y si queremos evitar la sospecha de “antiamericanismo”, se podrían citar ejemplos de cárceles turcas, chinas o incluso europeas. Tampoco faltan las noticias que, de vez en cuando, cuestionan las actuaciones de ciertas cárceles españolas o incluso de centros de menores que emplean métodos demasiado expeditivos. Una vez más chocan frontalmente las propuestas éticas de la Declaración con la marcha de la realidad y parece dudoso que quien redactó la declaración tuviera en cuenta las condiciones reales de la vida humana.

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Hacía ya un tiempo que se actualizaba la sección de didáctica. Como se acerca el fin de curso, es buen momento para recopilar materiales creados para clase y compartirlos con otros docentes. De momento se puede acceder a varios exámenes y comentarios de texto:

1. Educación para la ciudadanía: recuperación de la primera evaluación
2. Examen sobre los conceptos de ética, moral, derecho, valores morales y los derechos humanos
3. Examen sobre los conceptos de ética, moral, derecho, valores morales y los derechos humanos (II)
4. Comentario de texto de El diario de Ana Frank
5. Comentario de texto de los derechos humanos (artículos 17 y 25)
6. Comentario de texto sobre los orígenes de la democracia

La próxima semana, publicaré varios exámenes de Historia de la filosofía ajustados al nuevo modelo de selectividad.

Dice uno de los artículos más controvertidos de la Declaración Universal de los derechos humanos lo siguiente:

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Es difícil decir más cosas con menos palabras. E imposible expresar ideas morales y políticas de mayor calado que estas en apenas una línea. Decía al principio que es un artículo polémico porque todos podríamos estar potencialmente de acuerdo en lo que dice, pero se me hace difícil imaginar que haya un consenso amplio en lo que el artículo pretende señalar. Hablar de un modo abstracto y general de conceptos como el de vida, libertad y seguridad no está exento de posibles críticas y problemas. Y no faltarán los que digan que es normal que haya disputas alrededor de conceptos morales tan importantes. La cosa está en que no hace falta irse tan lejos: seguramente no llegaríamos a un acuerdo respecto a qué o quién es un invividuo.

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Podemos leer en el artículo 2 de la Declaración Universal de los derechos humanos lo siguiente:

• Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
• Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Se trata, sin duda, de uno de los artículos más importantes de la declaración en tanto que establece y asegura la universalidad de los derechos: nadie puede ser discriminado por ninguno de los motivos que se señalan en la primera parte del artículo. De la misma forma los derechos humanos aseguran que el país de origen de un ciudadano no puede ser una condición para la distinción entre seres humanos.

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Según el artículo 1 de la Declaración Universal de los derechos humanos,

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

El artículo parte de una afirmación de principios: todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Como si tal cosa fuera una cuestión de hecho, algo empíricamente comprobable. Si esto fuera verdad, sería absolutamente equiparable nacer en un país o en otro, hacerlo en una familia de una clase social u otra. Quien redactó el texto pensaría, probablemente, que las diferencias económicas, sociales y políticas no tienen nada que ver con la dignidad de cada ser humano y tampoco con los derechos que cada uno de ellos puede disfrutar. De esta manera, la libertad y la igualdad quedarían garantizadas en tanto que pertenecemos a la especie humana.

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Los últimos párrafos de la Declaración Universal de los Derechos humanos dicen lo siguiente:

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Varias ideas merecen nuestra atención de estas líneas finales: la cooperación con la ONU, la concepción común de los derechos y la interpretación de los derechos humanos como un ideal común.

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Tuvieron a bien considerar las naciones del mundo, tal y como reza su declaración de derechos, lo siguiente:

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;

No está de más en un día como hoy continuar con el comentario de la declaración que venimos haciendo. Voy a resaltar tres ideas de las que aparecen en el texto: la protección jurídica, las relaciones amistosas y la “fe” depositada en la declaración.

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Podemos leer en el segundo párrafo del preámbulo de la Declaración universal de los derechos humanos:

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Son varias las ideas filosóficas que podemos comentar en relación con este párrafo. Para empezar, cabría hablar de una extraña mezcla entre intelectualismo moral y iusnaturalismo. Hablar de que el “desconocimiento” de los derechos humanos está en el origen de actos de barbarie debería recordarnos esa vieja idea socrática, según la cual aquellos que hacen el mal se ven impulsados a ello por su ignorancia. Ciertamente es una visión optimista del ser humano, pero incluye también una carencia importante: parece eximir a los que obran mal de la responsabilidad de sus acciones. No es que sean malas personas: la explicación a su comportamiento está en que no sabían lo que hacían. Sencillamente: ignoraban estar haciendo el mal.

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