Unión europea: legitimidad y poder (otra vez Bolonia)

En medio de la confusión, no sabe ya uno si hoy era día de huelga o no. El caso es que las aguas educativas andan revueltas: no sólo porque el estado vea cómo sus iniciativas educativas son tumbadas en los tribunales, sino fundamentalmente por la reforma universitaria de Bolonia. Dejemos para otro día la ineptitud legislativa del ministerio. Centrémonos hoy, de nuevo, en los aires que soplan desde Bolonia, ciudad que no tiene culpa ni pena pero que está en boca de muchos. Antes de empezar, una advertencia: no pienso valorar las nuevas medidas que va a implantar el acuerdo tomado por los países miembros de la Unión Europea. Tiempo habrá de ver cómo evoluciona la enseñanza superior española y la europea. En todo este tema, hay un asunto mucho más delicado, que echa sus raíces más hondo de lo que cualquier periódico o medios de comunicación está reflejando: la toma de decisiones en la Unión Europea, y la posible crítica de la falta de legitimidad. Veamos una doble perspectiva al respecto.

Si el proceso de integración de la Unión Europea implica que el poder se ejerza como está ocurriendo en toda esta polémica, la gran perjudicada es la propia Unión. Si las decisiones se toman en grandes organismos alejados de la población civil que se ve afectada por las mismas y en cierta forma a espaldas de esa sociedad, no parece que la decisión sea válida y aceptable. En cualquier sistema democrático, las leyes se discuten en un parlamento y se le da al menos cierto carácter público. No recuerdo que se hablara mucho de Bolonia en el año 1999. Seguro que hubo noticias en la prensa, pero no una toma de partido (a favor o en contra) como la que estamos viviendo ahora. La Unión Europea debería revisar la toma de decisiones si verdaderamente queremos un organismo político con el que nos podamos identificar, una entidad que sintamos como propia y cercana. Los procesos legislativos se ralentizan, es cierto, pero generarían menos problemas que con las actuales normas procedimentales de toma de decisión. Está claro que, guste o no guste Bolonia, Europa adolece de un abismal vacío de legitimidad que puede llegar a poner en peligro la legitimidad de su construcción.

Pero siempre hay que dar la vuelta a la tortilla: es verdad que la Unión debería establecer vías de participación (más efectivas por cierto, que la propaganda de una pregunta para Europa). No menos cierto es que la población civil debe estar al tanto de los procesos políticos. ¿Dónde estaban los sindicatos de estudiantes en el año 1999" ¿Dónde las grandes campañas mediáticas" ¿Por qué ningún partido político alzó la voz, ni en contra ni a favor, en su momento" Los "grandes actores sociales" ignoraron el proceso, y tratan ahora de revertirlo cuando su aplicación es inminente. Ya no hay marcha atrás posible. La vergüenza no debería extenderse sólo entre los políticos: todos los ciudadanos deberían, en cierto sentido, asumir su parte de responsabilidad. La paradoja de nuestro tiempo se refleja a la perfección: no faltan las voces que manifiestan un odio hacia el liberalismo, que sin embargo incorporan con toda naturalidad a sus formas de vida particulares. Los sindicatos y partidos de tintes más sociales no pueden estar esperando recluidos en su vida privada o en sus preocupaciones más inmediatas mientras se están elaborando leyes de calado social y educativo como las que estamos hablando. Para terminar, un aviso a navegantes: a nadie le gusta Bolonia, pero la participación en las elecciones europeas no superará el 40%. Eso seguro. Así nos luce el pelo.