Esta misma mañana todos los alumnos de 2º de ESO de los centros públicos, concertados y privados de Castilla y León han realizado una "prueba de diagnóstico" centrada en las competencias lingüística y matemática. Se trataba de un sencillo cuestionario en el que se preguntaban por algunos de los contenidos esenciales de las dos materias instrumentales. En un principio, parece que este tipo de controles pueden ayudar a darnos una imagen más o menos real de nuestro sistema educativo. En esta línea anda el famoso informe Pisa y tantos otros, que son esgrimidos como argumento para defender una idea, que nuestro sistema hace aguas, y la contraria. La cuestión es que no se toma conciencia completa de la fragilidad de este tipo de pruebas hasta que no se participa en ellas directamente. Y es que esta misma mañana se debatía sobre el asunto por los pasillos del centro. Un interrogante ha brillado con luz propia. ¿Quiénes debían hacer la prueba de diagnóstico" La respuesta a esta sencilla pregunta nos habla de dos maneras distintas de entender la educación.

Las instrucciones recibidas lo dejaban bien claro: todos los alumnos debían realizar la prueba, independientemente de que tuvieran adaptaciones curriculares significativas, de que formaran parte del programa de compensatoria o de que fueran inmigrantes recién llegados y con menos de un año de escolarización en nuestro país. No sólo eso: las preguntas que se planteaban eran las mismas para todos. Todo ello con una curiosa salvedad: a la hora de volcar los datos, todos estos alumnos deben ser identificados en una casilla de manera que sus resultados no se vean reflejados en las estadísticas generales del centro. El problema de fondo es qué estamos buscando con este tipo de evaluaciones. Si lo que queremos es ver el nivel lingüístico y matemático de los alumnos que no requieren ningún tipo de refuerzo o apoyo, podríamos aceptar que la prueba sea válida, aunque carece de sentido que los alumnos con necesidades también la hagan. Si lo que queremos es averiguar cuál es el estado real de todos los alumnos de nuestra comunidad, no tiene sentido dejar fuera del cómputo global a estos alumnos.

Si nuestro sistema educativo dice adaptarse a las necesidades de los alumnos y a su desarrollo cognitivo y personal, las pruebas deberían organizarse por niveles, tratando de incluir lo que en cada grupo se está aplicando como objetivo a lograr. Organizar una única prueba general es situar a algunos alumnos ante preguntas y destrezas que nunca se han pedido en clase. La respuesta ante esto no puede distar mucho de la perplejidad. Algún compañero comentaba por los pasillos que viendo el diseño de la prueba, a quién va dirigida y qué resultados se van a tener en cuenta, se puede deducir sencillamente en quiénes piensan las autoridades educativas, y a qué otros grupos de alumnos apenas se les presta atención, convirtiendo la diversidad en una especie de "clase de los tontos" o en una reserva educativa cuya finalidad es no interrumpir a "los normales". Las expresiones, ciertamente, no son muy políticamente correctas, pero ponen sobre la mesa un tema espinoso y al que no siempre se le presta atención. ¿Cómo se valora entonces un sistema educativo" ¿No es suficiente evaluación la que realiza cada centro de acuerdo a la ley" ¿Cómo organizar una prueba externa" ¿Qué alumnos realizan las pruebas y respecto a qué objetivos" Si surgen todas estas dudas, más aún son las que se plantean cuando toca valorar informes como el de Pisa. Con lo que sabemos todos de educación, mira que son difíciles las cosas...