Según el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad."
Parece que este artículo tuviera hoy más actualidad que nunca, ya que estamos asistiendo a un claro retroceso en los llamados derechos sociales. De una forma súbita estamos tomando conciencia de la precariedad y la escasez, y nos vemos acosados por una disminución innegable del grado de cobertura social. ¿Qué sentido tiene entonces este artículo de la declaración"
Una vez más, el propio artículo se responde a sí mismo, y se marca unos límites bien precisos: "habida cuenta de la organización y recursos del estado". Esta dosis de realismo neutraliza en cierta forma la intención general del artículo: si el estado no tiene, es inútil esperar derechos como el subsidio de desempleo o la educación gratuita y universal. Lo cual representa la excusa perfecta: da igual que estemos hablando de países del tercer mundo cuya corrupción se traga buena parte de la ayuda internacional o de sociedades en teoría económicamente fuertes que se ven abocadas a eliminar o restringir derechos sociales. De donde no hay, no se puede sacar. Una frase más que simplona que viene a anular todo un artículo de la declaración de los derechos humanos. Se podrá discutir cuánto hay, y de dónde hemos de dejar de sacar, pero lo cierto es que este artículo parece redactado para una sociedad inexistente: en ningún momento de la historia ha existido un país que haya podido garantizar este tipo de derechos en condiciones suficientes durante una cantidad razonable de tiempo.
La reflexión alrededor de este artículo nos lleva a asumir el carácter histórico de los derechos humanos: no es ya sólo que fueran redactados en un momento concreto de la historia, sino mucho más allá de esto, que su aplicación o cumplimiento puede depender de factores históricos determinantes, como son la situación económica, las relaciones políticas internacionales o tantas otras variables que se nos podrían ocurrir. Los derechos humanos necesitan un suelo económico y quizás también cultural sobre el que construirse. Y cuando ese suelo no es firme también los derechos languidecen. De nada sirve escribir sobre un papel que el estado debe garantizarnos el paro, la sanidad y la educación si llegado el momento, por los motivos que fuera, es imposible cubrir estos servicios. Este artículo, y la declaración en su conjunto, deberían interpretarse más bien como objetivos a cumplir, como valores irrenunciables de toda sociedad. Siempre limitado por aquello de "en la medida de las posibilidades". Algo que, por otro lado, admitirían casi todos los gobernantes. Con todo, no bastan las buenas intenciones, y el tiempo que vivimos hoy es la mejor prueba de ello: el artículo 22 es más papel mojado que añadir al resto de artículos, incluso en los países que se presentan ante los demás como "cumplidores" y "garantes" de los derechos humanos.
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