Uno de los asuntos más controvertidos y espinosos en la polémica entre la enseñanza pública y la concertada hace referencia a la distribución del alumnado. Desde la enseñanza pública se acusa a la concertada de mantener estructuras y prácticas elitistas que les permiten seleccionar el alumnado. Por el contrario, la respuesta habitual de los representantes de la enseñanza concertada suele remitirse a las estadísticas que muestran que el reparto del alumnado potencialmente conflictivo no es tan desequilibrado como denuncian los que dicen defender la enseñanza pública. El tema es complejo e inabarcable para una sola anotación, pero quisiera dejar algunas consideraciones generales al respecto para iniciar el diálogo con quien se anime a continuarlo. Fundamentalmente por un motivo: se trata de un tema en el que la demagogia y la manipulación estadística pueden producir espejismos o ideas falsas, por lo que conviene andarse con cuidado. Y siempre teniendo en cuenta las dificultades propias del reparto equitativo del alumnado con el respeto al derecho a la libertad de elección de educación por parte de los padres.

La primera gran falacia se escucha ante quienes reivindican un reparto de 50/50. Dado que hay dos sistemas de educación, se dice, los alumnos con necesidades educativas especiales, los que requieren atención educativa por partenecer a minorías y los que plantean problemas de comportamiento en el aula deben estar repartidos al cincuenta por ciento. Frente a esto, parece más razonable establecer un reparto proporcional que tenga en cuenta la realidad educativa de cada localidad: no parece aceptable que en una ciudad en la que la concertada representa el 20% de la oferta educativa se le obligue a escolarizar al 50% del alumnado que requiere mayores atenciones. El reparto proporcional en función del porcentaje de plazas educativas que oferta cada centro sería más justo. Lo cual no impide que, dado que forman parte de un sistema educativo que se entiende como un servicio social, los colegios concertados estén obligados a aceptar su cuota correspondiente. Sería contradictorio estar dispuesto a aceptar el dinero del estado y no jugar con las mismas reglas o normas que el resto de centros educativos.

Y es que tratando de escurrir el bulto, hay asociaciones de colegios concertados que también falsean la estadística y el número. Elaborando un cómputo global de la labor de todos los colegios concertados quieren defender un equilibrio que no siempre se comprueba en la realidad. Hay colegios concertados que por su propia identidad están destinados precisamente a los alumnos con mayores dificultades: admiten alumnos expulsados de otros centros, se destinan a alumnos con problemas de aprendizaje, etc. Su tarea es encomiable y merecen el apoyo del estado, pero no se puede computar su contribución a la escolarización como la del resto de colegios. De lo contrario, estaríamos permitiendo que de la misma forma que hay colegios que escolarizan a quienes son rechazados por el sistema se conserven colegios cuyo alumnado jamás está en compañía de un alumno inmigrante, o cuyos profesores desconocen qué es un programa de compensación educativa o de pedagogía terapéutica. La distribución proporcional y equitativa del alumnado tiene que ser un requisito indispensable de todo concierto educativo. ¿Es una realidad en nuestro sistema actual" Y la pregunta más compleja de todas: ¿cómo compatibilizarlo con el artículo 27 de nuestra constitución"