Es difícil encontrar unanimidad en el mundo educativo. Lo que unos interpretan como defecto es para otros motivo para la virtud. Y tampoco se libra de esta tensión el asunto del que quería hablar hoy: las élites educativas. Así expresado, nos produce de inmediato cierto temor: la palabra élite parece llevarse muy mal con la democracia, y más todavía con la educación. Otra cuestión se plantea si no se mienta semejante bicha y se sustituye por expresiones como "alumnos con altas capacidades" o "alumnos con sobredotación". Entonces se nos despierta cierta vena paternalista, y consideramos injusto que nuestro sistema apenas preste atención a aquellos alumnos que podrían aprender más y más rápido que el resto. Hay que orquestar las medidas oportunas para lograr que estos alumnos alcancen también su máximo grado de desarrollo. Y es aquí donde entra el quiero y no puedo: las medidas de atención tienen que ser discretas, para que nadie pueda acusar un trato diferenciado o privilegios. Una más de las perplejidades de nuestro sistema, que es también propio de la sociedad en que vivimos.

El valor de la igualdad es una de las grandes aportaciones de la democracia. El problema es que la nuestra tiene una corta historia y tendemos a confundir ciertas ideas. Así, de la igualdad pasamos al igualitarismo, convirtiendo el ideal casi en una imposición social. No es que todos seamos iguales, nadie es tan estúpido como para no darse cuenta de la diversidad natural y social. La tendencia igualitarista nos dice que todos tenemos que serlo. Y es aquí donde surgen las dudas, y donde la democracia muestra su lado más totalitario. Y tendemos a pensar que buscar mecanismos que compensen a los que más dificultades tienen está más que justificado, mientras que apenas se repara en quienes tienen mayores capacidades. Igualdad debería ser, en un sentido primordial, igualdad de oportunidades. Creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Sin embargo, habría que cuestionar hasta qué punto están legitimadas medidas "igualatorias", que pueden ir incluso en contra de la voluntad del beneficiario, perjudicando además al resto.

Llama la atención que a nadie le choque ya que un alumno con necesidades especiales reciba una atención personalizada. La misma naturalidad con la que percibimos que el alumno con buenas capacidades comparta aula y conocimientos con los que se dedican a molestar. No sé si esto debe o no ser así, pero lo que sí sé es que sólo cuestionarlo ya despierta recelos. Estos recelos parecen olvidar que nadie está hablando de crear élites económicas: se trata de dar más a los que pueden aprender más, no a los que tienen más. Y se olvidan también de que, por desgracia, los adinerados tienen sus propios mecanismos para que los mejores puedan aprender: lo pagan bien a gusto todos los meses enviándoles a ciertos colegios. La tendencia igualitarista de la escuela pública implica, en el fondo, una traición a las clases bajas de la sociedad: si su hijo tiene sobredotación pero no se puede usted permitir una escuela privada, es más que probable que las capacidades de su hijo se adormezcan. Una enseñanza pública de calidad tiene que estar dirigida a formar también a los mejores. Y renunciar a ello es empobrecer el sistema, abriendo oportunidades de negocio a otras esferas. La igualdad de oportunidades debería permitir que quien estudia en un centro público, sin contar con muchos recursos y tiene capacidad acceda a los estudios de medicina en las mismas condiciones que quien puede pagar esos colegios que presumen de excelencia y calidad. Y a veces me pregunto si esto es así hoy o no lo es.